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Pensiones francesas Vs pensiones españolas. Ambas reformas, son diametralmente opuestas en la agresividad, respecto a los sistemas públicos de pensiones, su accesibilidad, es decir, el tiempo necesario de cotización para acceder a la pensión de jubilación y su porcentaje, así como la edad para tener derecho a jubilarse.
La reforma francesa, decayó en la primera embestida, en sus aspectos más lesivos y en esta otra agresión por parte del capitalismo francés, representado por Macrom, la batalla sindical y de la calle, se centra en que la jubilación se mantenga a los 62 años y los años cotizados para obtener plena pensión no se amplíen.
La ciudadanía francesa, especialmente las personas trabajadoras, asalariadas, llevan con huelgas, boicot y manifestaciones más de un mes. Supone un principio de esperanza, a la vez que refuerza la cultura de defensa de lo público y los Derechos Fundamentales de las personas.
Las distintas reformas en el estado español, todas con consenso político y sindical (los sindicatos institucionales), llevadas a cabo desde 1985 hasta la última de 2023, se llevaron por delante esos derechos fundamentales de la mayoría y refuerzan los privilegios de una minoría, a la vez que traspasan recursos públicos hacia los mercados privados, por medio de los Fondos de Pensiones de Empleo.
Aquí en el Estado Español, las personas que no hayan cotizado más de 38,5 años, no pueden jubilarse sino es a los 67 años. Si deciden jubilarse anticipadamente, no lo pueden hacer sino a partir de los 63 años y con penalizaciones en su pensión. Su pensión se calcula en base a los últimos 25 años, cuando en 1985 del siglo pasado, con una economía que generaba menor riqueza, la base de cálculo eran los últimos dos años y ahora, pasará a los 29 años en el 2026 que coexistirá con los 25 años, hasta 2044 y los años necesarios para tener derecho al 100% de la BR, se sitúan en 36,5 años.
Y lo más grave para el sistema público de pensiones, son los fondos de pensiones de empresa.
Llevan tiempo llamando a la puerta con insistencia. Cuando se creó el Pacto de Toledo, en el año 1995, ya se incluyó en la recomendación 14 la potenciación de los sistemas complementarios y no han dejado de aparecer en las sucesivas reformulaciones del mismo, y así figura en la última, firmada el 27 de octubre de 2020.
Ha hecho falta una pandemia, atarnos de pies y manos a los fondos europeos de recuperación para salir de ella y un gobierno de coalición, supuestamente progresista, para que los sistemas complementarios tomen carta de naturaleza a través de los planes de pensiones de empresa o planes de empleo que confluirán en un engañoso fondo de pensiones de promoción pública pero gestionado por entidades privadas, la cuadratura del círculo, mezclar agua y aceite.
No se sabe aún si el dinero depositado contará con el aval del Estado, pero quien piensa en eso ahora, lo inmediato es ponerlo a andar, sacarlo al mercado cuanto antes para que respire “libre”. Que la rentabilidad de los planes de pensiones, sean de la naturaleza que sea, llevan tiempo siendo una ruina, eso es un detalle que carece de importancia cuando nos encontramos ante un negocio tan suculento.
Por último, y como guinda del pastel, los recursos de este fondo se invertirán en un principio en productos de riesgo supuestamente rentables. Ese riesgo se irá reduciendo según se aproxime la edad de jubilación. Está todo pensado.
Hasta aquí la propaganda, el engaño, la hipocresía y una pequeña dosis de ironía para digerir el mal trago.
Nos encontramos ante un cambio radical de modelo, pasamos de garantizar un sistema público de pensiones como un derecho de ciudadanía a negociar con un producto más del mercado. Mercantilizando derechos se consigue que estos cambien de naturaleza y dejen de ser tales, se privaticen. Una campaña francesa de apoyo a lo público lo define en una sola frase: “Cuando todo sea privado, estaremos privados de todo”.
Llevan lustros cuestionando la sostenibilidad del sistema público de pensiones y cuando el sentido común demanda que para asegurar su viabilidad la solución pasa por conseguir más recursos, se opta, por lo contrario, aumentar las cuotas, pero no para mejorar el sistema público si no para privatizarlo. Restar recursos al sistema público para alimentar el denominado segundo pilar del sistema: los planes y fondos de empleo, luego tenemos el tercer pilar, los planes privados. Demasiados pilares para tan escaso cimiento.
Acudiendo a esta lógica inhumana, insolidaria y criminal concluiremos que los planes de pensiones alcanzarán un mayor beneficio a costa de degradar las condiciones laborales, sociales o medioambientales de personas y lugares que se encuentran a miles de kilómetros, que no se vea, que no salpique.
Estos productos son también expertos en eludir obligaciones fiscales, son enemigos del bien común y fieles amantes de atesorar cada vez más recursos en menos manos, solo una de esas empresas, BlackRock, supera en casi seis veces el PIB español. Planes de pensiones y reparto de la riqueza son conceptos antagónicos.
Se quiere alejar del ámbito político el tema de las pensiones públicas como si se tratara de algo meramente técnico, de una herramienta de un solo uso, y para ello se muestra un consenso parlamentario, el cual, con una gran dosis de cara dura, se quiere imponer a la sociedad: esto ya no hace falta votarlo, las pensiones son así y no pueden ser de otra manera. Quienes a ello nos conducen no creen en lo público, ni siquiera en su democracia liberal delegada que tras un corto período de actividad pasa a ser una democracia olvidada que concluye en la muy neoliberal dictadura del mercado ahora en auge.
Si creyeran en el sistema público de pensiones el camino solo puede pasar por conseguir sumar más recursos al mismo. Ya existe, si se quiere, la posibilidad de potenciar la suscripción de convenios especiales con la propia seguridad social con el fin de aportar recursos a la caja única, sin intermediarios, ni comisiones, pero entonces no habría negocio, seguirían fuera del mercado y no es esto lo que buscan.
La diferencia con la “reforma que quiere imponer el capitalismo francés”, sólo se encuentra en un hecho sencillo: la ciudadanía francesa, las personas trabajadoras, tienen una conciencia clara, los derechos públicos, los derechos fundamentales, sólo pueden ser mantenidos si se lucha, si la calle dice NO.
En el estado español, desde la década de los 90 del siglo pasado, los políticos de cualquier color político y los “agentes sociales”, especialmente los sindicatos institucionales, han pactado la ruptura con lo público y han ido entregando al “negocio privado” todos los comunes: educación, sanidad, vivienda y ahora, los sistemas públicos de pensiones.
Salgamos a las calles para impedir la barbarie de que “Cuando todo sea privado, estaremos privados de
todo”.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LOS SISTEMAS PUBLICOS SE DEFIENDEN
