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Actualmente, Internet es una herramienta imprescindible o esencial para agilizar muchos de los trámites que la ciudadanía tiene que hacer con la Administración Pública. No debemos dejar de tener presente esto, como tampoco podemos olvidar a aquellas personas que tienen difícil acceso (por diversas causas) a su uso.
Problemática, que cada vez más, da lugar a la exclusión de personas mayores, de las zonas rurales y de ciudadanas y ciudadanos con vulnerabilidad económica o social.
Esto es lo que se denomina “brecha digital”, escenario de desigualdad que se produce en función de la capacidad de las personas para acceder y utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
Ante esta coyuntura, la Federación Estatal del Personal Trabajador de la Administración Pública de la CGT, denuncia y exige a la Administración Pública que asegure la posibilidad de atención presencial en todas las oficinas de Empleo, Servicios Sociales, Hacienda, etc. Ya que se hace imprescindible poner freno a la brutal segregación que los grupos sociales más vulnerables sufren al ver limitados sus derechos como consecuencia de la brecha digital, impidiéndoles su plena integración social.
Esto se evidencia en: la dificultad de acceso a formación, posibilidades laborales, ayudas sociales y económicas, haciendo que su situación de marginalidad se agrave cada vez más.
La Administración Pública tiene la obligación de ofrecer los medios necesarios para que ninguna persona quede sin la atención adecuada y personalizada.
Esto, pasa por el requisito imprescindible de que mantenga personal de atención directa al público, cesando la dinámica, que inició hace años (en 2015 se hizo un Plan de Trasformación Digital de la AGE) y se ha acelerado con el pretexto de la COVID 19, de ir reduciendo personal y sobrecargando al que mantiene.
