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Estamos entrando ya casi en periodo electoral, y el gobierno mas progresista de la historia tiene un buen marrón, y no no son las promesas electorales incumplidas, hecho en el cual incurren todos los partidos de la derecha o de la izquierda, hablamos del colapso administrativo que actualmente tienen el SEPE, INSS y por supuesto en sanidad.
Por una parte el incremento del personal necesario para asegurar su atención en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La atención telemática y telefónica también están desbordadas, lo que impide realizar trámites necesarios y vulnera el derecho a recibir una cita gratuita en la administración pública.
La grave situación en la que se encuentra la Seguridad Social a consecuencia de una falta estructural de personal, un déficit que se agravará en los próximos años debido a la tendencia bajista en la evolución de personal y frente a una mayor carga de trabajo por la introducción de nuevas funciones.
Una plantilla de 1.000 personas para atender a 5 millones de habitantes
La imposibilidad de conseguir cita previa, o comunicarse de forma presencial con la Seguridad Social, está generando frustración e impotencia a la población, que también se enfrenta a teléfonos saturados ya un mensaje en la página web del INSS informando de una indisponibilidad de tramitación.
El personal funcionario y laboral en el INSS se limita a unas 1.000 personas trabajadoras para una población de más de cinco millones de habitantes. Más del 16% de los puestos de trabajo en el Instituto Nacional de la Seguridad Social en nuestra comunidad están vacantes, lo que supone un 14% de la plantilla total. El déficit de Castellón es especialmente grave, con una falta de efectivos de más de un 24%. En los próximos 10 años se jubilará aproximadamente el 64% de la plantilla actual, la situación de la Seguridad Social es insostenible.
La Inspección de Trabajo anuncia huelga indefinida en junio
El conflicto laboral en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se sigue intensificando tras dos años de espera por parte de la plantilla para el cumplimiento del acuerdo alcanzado en julio de 2021. Tras una primera oleada de movilizaciones y paros, los sindicatos retoman las movilizaciones este martes, 9 de mayo, y amenazan con ir a la huelga indefinida en junio si el Ministerio se mantiene inamovible.
La nueva legislación laboral aprobada en esta legislatura ha incrementado la carga de trabajo de la plantilla que cuenta con 3.150 trabajadores entre inspectores, subinspectores, técnicos y administrativos. Precisamente son estos últimos los que más están acusando el sobreesfuerzo que han provocado las modificaciones legislativas en materia laboral. En el acuerdo alcanzado en 2021, el ministerio de Trabajo y Economía Social se comprometió a incorporar de manera inmediata a 500 nuevos trabajadores, con una segunda fase que seguiría en los tres siguientes años con la ampliación progresiva de plantilla hasta alcanzar los 4.500 efectivos. Pero nada de ello se ha cumplido hasta ahora ante el bloqueo en las negociaciones entre el Gabinete de Yolanda Díaz y el ministerio de Hacienda y Función Pública que dirige María Jesús Montero. El Gobierno también se comprometió a mejorar los salarios de estos trabajadores, entre los más bajos de toda la Administración del Estado.
A la convocatoria de paro para el 9 de mayo, se anuncia una huelga indefinida a finales de junio que “comprometerá toda la capacidad de actuación” del organismo, advierten. Ante lo manifestado por ambos ministerios de una pronta resolución del conflicto, las organizaciones sindicales avisan de que “si el resultado no se ajusta a lo acordado estaremos en la antesala del proceso de ‘dinamitar’, desde el interno, la Inspección de Trabajo.
Los representantes de los trabajadores, reunidos en una plataforma, señalan a Trabajo como el principal responsable, con la ministra Díaz a la cabeza, seguida del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey y la directora del organismo Carmen Collado. “No sabemos si se trata de torpeza o mala fe”, afirman, y exigen incluso renuncias o dimisiones ante la “incapacidad e incompetencia para aportar soluciones”. Asimismo, ponen de manifiesto “la instrumentalización que se está realizando, por parte de la dirección política de este ministerio, de los esfuerzos que viene realizando la plantilla de la Inspección de Trabajo, en beneficio propio”, aseguran.
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