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El V AENC avanza en el desmantelamiento de derechos laborales, con una mayor persecución de las bajas y la privatización de las pensiones.
El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva insta a las administraciones públicas a que las bajas laborales comunes de origen traumatológico sean tratadas por las mutuas, en vez de por la Seguridad Social:
- Peor contratación
- Nuevo abandono de la jubilación parcial y el contrato relevo
- Subida salarial con pérdida adquisitiva
- Ataque directo al sistema público de pensiones
- Demonizar y perseguir las bajas
Comisiones Obreras, UGT y las patronales CEOE y Cepyme firmaron el miércoles el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Este documento conforma una especie de manual de instrucciones para la negociación colectiva, allá donde esta tenga poca experiencia y arraigo. Pero más allá de las peticiones salariales que invoca el documento —que se salta 2021 y 2022, los dos años de mayor inflación—, el acuerdo incluye recomendaciones que precarizan el empleo, que carecen de perspectiva feminista y que avalan la privatización de la salud de la población activa a través de las mutuas, alertan los sindicatos ELA, CIG, CGT y USO.
Las páginas 17 y 18 se refieren a las bajas laborales por contingencias comunes —cuando enfermas por una causa ajena al trabajo— y establecen unas líneas que abren la puerta a la privatización de la salud de la población activa, empezando por traumatología: “Las organizaciones signatarias instamos a las administraciones con competencias en la materia a desarrollar convenios con dichas mutuas, encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes de origen traumatológico”.
El acuerdo de la AENC se propone empezar por los huesos rotos fuera de horario laboral, al mismo tiempo que anima a “establecer procedimientos” para estudiar las causas de las bajas comunes en general y “fijar” líneas de actuación para reducir dichos procesos y su duración. Es decir, realizar un trabajo de prospección más allá de traumatología. El texto justifica la propuesta de tratar la clavícula rota en el paseo en bici del domingo porque las mutuas “contribuirían” a “mejorar los tiempos y listas de espera” de la Seguridad Social. La baja laboral por patología traumática es la más común y la asociación de mutuas Amat asegura que las tratan en 41 días de media, frente a la baja de 71 días de la sanidad pública.
El intento de privatizar la sanidad pública mediante estos entes no es nuevo. El 24 de marzo, el sindicato LAB alertó de que un borrador de 27 páginas fechado el 7 de diciembre de 2022 recogía la propuesta negociada entre el Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, remitido a todas las comunidades autónomas. El documento, como el que esta semana han firmado CC OO y UGT con las patronales, insta a que las administraciones públicas a que conviertan a las mutuas en el eje vertebrador de la sanidad para la población activa, y que los servicios públicos de salud lo sean para la infancia y pensionistas.
El tercer punto del apartado convenios sectoriales del acuerdo del AENC (página 12) afirma que se podrán “celebrar contratos a tiempo parcial [de los fijos-discontinuos] cuando las peculiaridades del sector así lo justifiquen”. E insta a realizar el “censo anual del personal fijo-discontinuo” que requiere el artículo 16.5 para poder aplicar la parcialidad a este modelo contractual.
La información más difundida sobre el acuerdo son los incrementos salariales que propone: un 4% para 2023 (con posibilidad de +1% si el IPC superara el 4%, de aplicación al siguiente año) y un 3% para 2024 y 2025 (con posibilidad de +1%). El IV acuerdo se firmó para los años 2017 y 2020. Este para 2023-2026. Deja fuera los dos años de mayor inflación —del 6,5% en 2021 y del 5,7% en 2022—. Es decir, por el camino se pierde un 12,20%, cuando los convenios que sí se han firmado rondan un incremento de un 2% en 2021 y un 3% en 2022.
El contrato relevo fue una de las figuras contractuales denostada tras la reforma laboral. Con la práctica desaparición de su uso, nos quedamos sin un instrumento que permitía el fomento del empleo joven mediante un mecanismo de jubilación parcial por sustitución de personas que no podían realizar su trabajo con normalidad.
En cuanto a pensiones, las intenciones menoscaban el sistema público. Así, recogen literalmente que “planteamos fomentar en los convenios colectivos los Planes de Pensiones de Empleo; en su caso, a través de Entidades de Previsión Social Empresarial (EPSE), como medida de ahorro a largo plazo de carácter finalista y de complemento de las pensiones públicas”.
En la línea de privatizar lo público y restar derechos, merecen una mención especial las incapacidades temporales por contingencias comunes: “los firmantes expresan su preocupación por la duración y la frecuencia de las IT comunes. Parece ser que los trabajadores enferman por encima de sus posibilidades. Y, por ello, piden ‘fijar líneas de actuación que, como consecuencia, reduzcan el número de procesos y su duración, así como el seguimiento y evaluación de dichas actuaciones’.
En este documento, los firmantes están recomendado que se haga todo por lo que multitud de organizaciones de la sanidad pública rechazaron la Ley de Mutuas. Ojalá la preocupación de los firmantes fueran la prevención, el reconocimiento del origen laboral de muchas bajas por contingencia común y el respeto a los tiempos de recuperación que establecen los facultativos del Sistema Nacional de Salud.
Por último, el documento contiene ambigüedades y simple trasposición de normativa en seguridad y salud en el trabajo; flexibilidad interna; inaplicación de convenios; ERTE; mecanismos RED; desconexión digital; igualdad; discapacidad; diversidad; violencia sexual y de género…
Generalidades, pero con algunos apuntes preocupantes: “la racionalización del horario de trabajo, teniendo en cuenta las especificidades de cada sector o empresa, con el objetivo de mejorar la productividad y favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal”.
A juicio de CGT, “tenemos claro que estas recomendaciones afianzan aún más la pérdida del poder adquisitivo que lleva sufriendo la clase trabajadora”. Además, como es sabido, este acuerdo no es vinculante, “solo una recomendación, un pacto de máximos que ni siquiera van a aplicar a millones de trabajadores que ni siquiera se van a ver afectados por este acuerdo, que ya es malo de por sí, porque esas subidas no son vinculantes.
