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El juzgado de Badajoz resolvió que Correos vulneró la integridad física y moral de Raquel Calzas. El tribunal de Extremadura tumbó la sentencia. En una marcha simbólica, esta trabajadora afiliada a CGT ha llegado hoy al Tribunal Supremo andando desde Cáceres para solicitar poner fin a la impunidad de la empresa donde trabaja.
La primera encuesta sobre acoso laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló en 2022 que una de cada cinco personas han experimentado violencia y acoso en el trabajo, ya sea física, psicológica o sexual. Analizó también los factores que pueden impedir a las personas hablar sobre sus experiencias, “como la vergüenza, la culpa, la falta de confianza en las instituciones, o porqué este tipo conductas inaceptables son consideradas como normales”.
Detrás de cada encuesta sobre violencia hay miles de casos con nombre y apellido que la han vivido. Pocas personas se atreven a reconocerla en voz alta, a denunciarla y, menos aún, consiguen una victoria judicial. Raquel Calzas ha llegado hoy andando al Tribunal Supremo (Madrid) desde Cáceres en una marcha de protesta. Denunció en todos los organismos correspondientes —jefaturas de la empresa, Inspección de Trabajo, juzgado— que estaba siendo acosada en su puesto de trabajo en la unidad de reparto de Correos de Mérida. El Juzgado de lo Social nº5 de Badajoz reconoció la culpabilidad de la empresa en el incumplimiento de la materia normativa de prevención de riesgos psicosociales, con vulneración de los derechos fundamentales de integridad física y moral.
Contra todo pronóstico, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura tumbó dicha sentencia en febrero. A través de su sindicato, CGT, Calzas emprendió el pasado 1 de junio una caminata que parece larga —303 km— pero que es mucho más corta que su caso, que arrancó en 2018. Aquel año su salud saltó por los aires fruto de un acoso que, “diaria y sibilinamente, me fue machacando”. Empezó el primer día de trabajo, cuando su jefe le tiró a los pies una caja con las cartas del reparto.
El punto clave de la sentencia se ubica en que el TSJE considera que, al no haber sanción administrativa de Inspección de Trabajo a Correos, el asunto no fue tan grave, por lo que absuelve a la empresa y “dejan impunes los incumplimientos en materia de prevención, no resarcen los daños a la trabajadora y se crea el caldo de cultivo para que el fenómeno del acoso laboral siga implantando en Correos e incluso se refuerce”, explican desde CGT. Y así ha sido.
Calzas solicitó un cambio de oficina, en otra provincia, con otras jefaturas. “Pero cuando llegué, yo ya era la señalada”, indica. Ha politizado esta violencia: “La labor sindical me ha devuelto la salud”, señala.
“El acoso es un tabú. Nadie quiere agarrar este asunto. Ni siquiera los profesionales de los servicios de salud, las mutuas e Inspección de Trabajo saben cómo paliarlo, por lo que te quedas en la cuneta, como si fueras escoria”, prosigue. Y apunta que “la justicia gratuita no existe”. Es madre sola y el acoso le “desguazó” la estabilidad que tenía “con mi hijo, con mi trabajo y mi sueldo”.
Por el camino, ha descubierto “hasta qué grado estamos desprotegidos como clase trabajadora, porque este es mi caso personal, pero no es un caso único, ni mucho menos”. Caminando ha ido explicando su historia en cada pueblo que ha parado para dormir. “Muchas personas han compartido conmigo sus vivencias en situaciones de acoso laboral”, apunta mientras prosigue advirtiendo que ni siquiera la inspectora de trabajo realizó su labor de oficio. “Tuvimos que insistirle mucho”, señala.
Solidaridad
Frente a la soledad y el hostigamiento que encontró en su lugar de trabajo, donde los compañeros callaban mientras el acoso continuaba, en su marcha ha ido acompañada de Juanfran Gacto, militante de CGT. Ambos han empujado un carrito para bicicletas, donde cargaban el avituallamiento, las mudas, el megáfono, la pancarta.
“No nos han fallado las fuerzas ni hemos tenido lesiones”, indica Gacto, a pesar de los múltiples chubascos y tormentas que les han retrasado algunas etapas. Agradecen la solidaridad que han encontrado por el camino: las CNT de Trujillo y Cáceres, el apoyo de las secciones de CGT y el de los ayuntamientos de Torrequemada, Navalmoral de la Mata, Plasenzuela y Jaicejo, que les han permitido dormir bajo techo —en polideportivos, en albergues—.
La pandemia interrumpió los planes de dedicar el día internacional de la salud y trabajo —28 de abril— a la lucha contra el acoso laboral y la discriminación. El covid 19 alteró la agenda y se dedicó a los riesgos químicos y bacteriológicos. “No solo queremos ser combativos mediante esta protesta, queremos recuperar el impulso institucional para un asunto tan importante como el acoso”, concluye Gacto antes de recordar que “el caso de la compañera es paradigmático de muchos sectores”.
Hoy han llegado al Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del Estado. Ahí se resolverá su recurso, el cual impugna la absolución de Correos decretada por el TSJE. Esperan y desean que la impunidad de Correos toque a su fin.
