La conocida frase “Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad” es atribuida a Joseph Goebbels, el ministro de Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich. Pero tenga o no la autoría del principal colaborador intelectual e ideológico de Hitler, lo cierto es que dicha estrategia de manipulación de masas fue aplicada ampliamente por el nacionalsocialismo y ha seguido siendo usada después, tanto en el mundo de la publicidad como en el de la política.
En nuestro tiempo los miembros de los sucesivos gobiernos nos han acostumbrado a escucharles repetir —una y otra vez, con independencia de lo que les hayan preguntado— la declaración que el equipo de prensa ha preparado para esa jornada. Poco importa que la información sea cierta o dudosa; insistirán impasibles en lo dicho o alegarán una repentina prisa para salir huyendo del aprieto al que alguno de esos escasos periodistas incisivos les pueda colocar.
Otro uso de la reiteración argumentaria es el de convencer al respetable de cosas que no solo no son ciertas, sino que además son perjudiciales para la mayoría. Así, y después de años de persistente campaña, no es raro encontrar a gente trabajadora que repite afirmaciones oídas en la tele y tan poco rigurosas como las de que son los empresarios los que arriesgan su capital para crear empleo, que los inmigrantes nos quitan el trabajo, que la privatización mejora el funcionamiento de los servicios a la ciudadanía, que el pueblo habla a través de los diputados o que el sistema público de pensiones es inviable; por poner solo algunos ejemplos, aunque hay muchos más.
Nos ocuparemos especialmente en uno de los casos que más eco ha tenido en las últimas semanas. Se trata de la controvertida carta abierta que el presidente de Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, ha hecho llegar a los partidos políticos para proponerles algunos cambios en la legislación española. Además de sugerir el abaratamiento del despido y que sean los propios trabajadores los que coticen para su futura indemnización, esta entidad —sin ánimo de lucro y centrada en resaltar el papel de los empresarios en la generación de riqueza— retoma la vieja idea de retrasar la edad de jubilación.
Lo de que cada vez vivimos más años y que, de seguir así, muy pronto nos quedaremos sin dinero para las pensiones es un mantra con el que los gurús del ultraliberalismo económico nos vienes sermoneando desde más de cuatro décadas. Y no podemos negar que han tenido éxito, ya que en muchos países occidentales (Italia, Francia, España, etc.) se han introducido medidas para prolongar la vida laboral y reducir la cuantía de las pensiones.
En nuestro país, gracias a la receptividad y comprensión de la pseudoizquierda política y sindical, los recortes se han implantado con mucha menos resistencia de la que están encontrando en Francia. De hecho ya tenemos pactado el retraso del retiro de los 65 a los 67 años, y conseguir una pensión completa cada vez exige requisitos más difíciles de alcanzar. Como el acuerdo tenía el respaldo de PSOE, CC.OO. y UGT no ha habido ni tan siquiera información en los medios sobre este atropello a las pensiones.
La propuesta del Círculo de Empresarios ha recibido el inmediato rechazo no solo de los partidos de izquierda y de los agentes sociales, sino de la propia patronal. La CEOE, por boca de su presidente (Antonio Garamendi, el de los 400.000 € de sueldo) ha dicho que ellos tienen su marco de negociación y están contentos con la acordado. Incluso recuerdan que ya hay medidas para que quien lo desee pueda trabajar más allá de la edad legal de jubilación.
Lejos de pensar que Pérez-Sala ha hecho un ridículo espantoso, habría que considerar que esta gente no da puntada sin hilo y que su carta no solo habla de lo que en las altas esferas se especula, sino que tiene la función añadida de hacernos ver que los recortes que ya nos han metido no son tan malos y que los sindicatos que salen en el telediario lo siguen haciendo todo por nuestro bien. Pero muy al contrario de la posición conservadora, la acción del sindicalismo participativo y de lucha ha de ir por la vía de continuar exigiendo el adelanto de la edad de jubilación (pongamos a los 60 años) como fórmula de avance en el reparto del trabajo y de mejora de la calidad de vida.