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Los profesionales del Derecho, como otros técnicos y expertos, tienen muchas veces una posición ambigua y plena de contradicciones en las organizaciones sindicales y los movimientos sociales. Poseedores de unos conocimientos técnicos que no todos los trabajadores dominan, obligados en su cotidianidad a relacionarse estrechamente con los aparatos del Estado y sus contrapartes de las empresas, manteniendo una relación en muchos sentidos externa al tiempo que estrecha con la organización sindical, los letrados del anarcosindicalismo son personajes al tiempo admirados y contemplados con desconfianza y recelo por los militantes.
Ángel Samblancat, abogado del anarcosindicalismo, novelista y publicista, que años después sería el primer presidente del Tribunal Revolucionario de Barcelona a instancias de la CNT escribió, en 1923, las siguientes palabras sobre Francesc Layret:
“Layret llevó a la profesión su pasión democrática, su celo apostólico (…) Defendió al pobre, al perseguido, al maltratado. Fue a la cárcel a buscar al preso, a redimir al cautivo. Dio consuelo y ayuda a quien no podía dar la libertad. Aconsejó con gran rectitud. Honró la toga y enalteció la misión del abogado. Fue el único. Si no el único, de los pocos, de los que no abundan.”
Francesc Layret, íntimamente relacionado con Salvador Seguí, fue el principal abogado de la CNT catalana en los inicios del siglo XX. Obligado a moverse siempre con la ayuda de una muleta, como consecuencia de un accidente sufrido en su infancia, Layret fue asesinado por los pistoleros de la patronal cuando se dirigía a asistir jurídicamente a los sindicalistas y revolucionarios que estaban siendo conducidos al puerto de Barcelona para proceder a deportarlos a África.
Layret fue un amigo personal del “Noi del Sucre”, un político de la izquierda republicana y catalanista, el principal letrado en la causa entablada por el despido de miles de ferroviarios tras la huelga de agosto de 1917, uno de los fundadores del Ateneu Enciclopèdic Popular, y un gran enamorado de la justicia. Simboliza, como algunos otros letrados de su tiempo (Eduardo Barriobero, Benito Pabón, Ángel Samblancat…) la amplia alianza social que se desarrollaba en paralelo al crecimiento de la organización anarcosindicalista en los albores del siglo XX.
Pero aquí no vamos a contar detalladamente la historia de Francesc Layret. Eso lo han hecho magistralmente Joaquim Ferrer y Vidal Aragonés, en sendas biografías. Aquí traemos a Layret a colación para intentar reflexionar brevemente sobre las relaciones entre el anarcosindicalismo y los abogados, entre los profesionales del Derecho y las organizaciones de acción directa, entre la lucha de clases y la pugna judicial, entre los expertos y los militantes.
Porque los profesionales del Derecho, como otros técnicos y expertos, tienen muchas veces una posición ambigua y plena de contradicciones en las organizaciones sindicales y los movimientos sociales. Poseedores de unos conocimientos técnicos que no todos los trabajadores dominan, obligados en su cotidianidad a relacionarse estrechamente con los aparatos del Estado y sus contrapartes de las empresas, manteniendo una relación en muchos sentidos externa al tiempo que estrecha con la organización sindical, los letrados del anarcosindicalismo son personajes al tiempo admirados y contemplados con desconfianza y recelo por los militantes.
Se trata de profesionales al servicio del sindicalismo. La ambigüedad de su posición nos ha de llevar a plantearnos cómo han de estructurarse las relaciones entre los técnicos y la organización sindical. Entre los expertos y los militantes. Bakunin ya avisaba de las contradicciones de esta relación, cuando decía “si se trata de zapatos, yo llamo al zapatero, pero la decisión final, una vez informado, la tomo yo mismo”. La autoridad del experto es la única que, libremente, acepta el revolucionario ruso, salvaguardando al tiempo el derecho a decidir, en última instancia, del individuo que no sabe, o sabe distinto.
El problema de los técnicos es un problema de todas las revoluciones y de todos los movimientos sociales. En las empresas recuperadas argentinas los técnicos son un bien muy preciado, ya que suelen escasear. Pueden obtener mejores salarios en otras empresas, así que se van cuando empiezan los problemas. La cuestión es cómo cuidar de ellos y convencerles de que se queden, respetando al tiempo la esencia igualitaria y asamblearia de una organización basada en la autogestión.
Los abogados y abogadas del anarcosindicalismo actúan como expertos e intervienen en causas ante los tribunales. Muchas veces, sin embargo, reciben un trato pleno de desconfianza por parte de los trabajadores, que tienden a valorar su trabajo como una mercancía más del mercado, sin tener en cuenta que estos profesionales obtendrían mejores retribuciones trabajando para los empresarios. Los profesionales del Derecho son vistos como un sector externo al sindicato, cuando sólo la cercanía ideológica explica que sigan siendo sus representantes en lugar de dedicarse a ámbitos más lucrativos de su profesión.
Hay que tener presente, también, la labor que los abogados despliegan o pueden desplegar como difusores de los conocimientos jurídicos en los sindicatos. Precisamente, la manera de diluir en lo posible la autoridad de los expertos es generalizar los conocimientos técnicos. Y el saber jurídico se ha convertido en algo esencial en la actividad sindical. Un sistema productivo cada vez más complejo, junto a la regulación creciente de las actividades económicas, impone conocer el Derecho como primer paso para trascenderlo en la lucha sindical.
Se debe incentivar que las abogadas y abogados del sindicato se impliquen en planes de formación jurídica para los militantes y delegados, así como en el diseño y confección de materiales de formación como vídeos, manuales y podcasts. Una organización sindical moderna tiene que ser una organización que aprende, que investiga, que interrelaciona el conocimiento experto con los saberes cotidianos de los trabajadores, garantizando mecanismos de retroalimentación y diálogo entre delegados, afiliados, abogados y técnicos. Edificando un sistema de formación en el que los saberes fluyen en todas direcciones, revientan todas las tuberías y garantizan un marco común de conocimientos dinámico y creativo. El sindicato es un laboratorio del saber obrero, tanto en un sentido teórico y reflexivo, como en un sentido práctico y experimental. El sindicato es una escuela sin muros ni barrotes en las ventanas, en las que cualquier trabajador puede tomar la palabra para enseñar lo que sabe y para aprender lo que necesita. La generosidad de los expertos se conoce por su disposición a explicar y problematizar lo que se supone que saben, debatiéndolo con los trabajadores, porque, como decía Voltaire: “el que no enseña lo que sabe, crea pestilencia”.
Además, las abogadas y abogados han funcionado siempre como conectores del sindicato con otros sectores sociales. Barriobero o Layret, en los inicios del siglo XX, fueron el enlace entre el sindicalismo revolucionario de los obreros y el republicanismo federal de la pequeña burguesía y los sectores profesionales. Esta función de los expertos está rodeada de ambigüedades y contradicciones que hay que solventar con sentido común e inteligencia.
Los abogados históricos del anarcosindicalismo son personajes poco cómodos para los que narran la historia del anarquismo como una historia de héroes puros, enamorados del Ideal. Sin embargo, la impureza de los letrados es una condición esencial para el éxito de su labor profesional y una vía de construcción de relaciones para la organización sindical. Barriobero o Layret ejercen de diputados, de hermanos masones, de intelectuales pequeño-burgueses. Esto garantiza a sindicalistas como Seguí vías de comunicación con el exterior del mundo obrero, que pueden ser decisivas en momentos concretos. Es la insistencia de Benito Pabón, un letrado, ante el gobierno republicano, la que permite que el Consejo de Defensa de Aragón sea reconocido legalmente por la República, aunque sea brevemente.
Por último, los abogados son decisivos en los intentos de creación del nuevo Derecho revolucionario. Samblancat y Barriobero dirigen el Tribunal Revolucionario de Barcelona, y Pabón redacta el decreto de constitución del Consejo de Aragón, reivindicando, en clave costista, los fueros históricos aragoneses.
Esto abre otra vía de trabajo para los juristas en el ámbito sindical. Los profesionales del Derecho pueden preparar alternativas a las leyes vigentes que, usadas como propuestas programáticas y bases técnicas, pueden permitir fundamentar las reivindicaciones ante la prensa y ante los sectores más reticentes de la clase trabajadora. También tienen mucho que aportar a la hora de redactar determinados documentos, como estatutos internos o normas de convivencia. No queremos decir que los redacten sólo ellos, como expertos, sino que pueden captar problemas y contradicciones en los textos y propuestas. Problemas que a las asambleas de trabajadores que finalmente deben decidir les vendría muy bien conocer.
Ángel Pestaña, en 1929, hizo esta tierna reflexión sobre el ya entonces fallecido Francesc Layret, que podríamos hacer hoy extensiva a muchas de las personas que se dedican a defender, en los tribunales, a las organizaciones del anarcosindicalismo:
“Hombre sensible, de una delicadeza excesiva, le hubiera parecido inoportuno e incorrecto aprovechar su ventajosa situación profesional en beneficio suyo o de su partido. En la vida no faltan hombres a quienes les repugna aprovecharse de situaciones parecidas, y Layret era uno de estos (…) Obró siempre desinteresadamente. Defendió a los procesados cuando para esta tarea fue llamado. No intentó jamás coaccionar a las juntas o individuos en provecho y beneficio de su credo político y partidista.
Esta forma de proceder, la más lógica y razonable, sólo ha sido imitada por excepciones honrosísimas.”
José Luis Carretero Miramar.
[Este artículo se publicó en el Libre Pensamiento nº 113, Primavera 2023]
