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José Manuel Muñoz Póliz
España es el país de la OCDE en el que los trabajadores han sido castigados con la mayor pérdida de poder adquisitivo en 2021 (un 8,8%) y el noveno en 2022 (un 5,3%). En este escenario se nos presenta un acuerdo entre los sindicatos del régimen y la patronal que consolida estas derrotas y asume las siguientes. Con un IPC medio de 5%, y una inflación subyacente media del 7,3% en este primer cuatrimestre de 2023 se consigna una recomendación de aumento salarial del 4% para este ejercicio y del 3% para el próximo. Además, el acuerdo establece amplia discrecionalidad para las empresas y sectores económicos para saltarse esta recomendación. Este escenario de retroceso inédito para las economías familiares[1] se produce, además, en un momento de crecimiento extraordinario de los beneficios de las empresas. Es imprescindible que en tiempos de incertidumbre y presión inflacionaria como los actuales la fijación de los aumentos salariales en acuerdos marco tengan una indexación al IPC + x, de otra forma se parte de un punto de pérdida de poder adquisitivo que es nefasto para los hogares que ya han visto cómo se esfumaban 34.000 millones de euros debido a los bajos salarios y el aumento del coste de la vida.
Por si este retroceso no fuese suficiente, se incluyen a continuación nuevas concesiones a los empresarios especialmente para atajar el eufemismo «absentismo laboral». Lo que los empresarios llaman absentismo son bajas médicas en su 75% y el resto otras causas como los permisos por cuidado de hijos, familiares o la acción sindical. Bien, pues para acabar con los derechos de baja médica o los de cuidados se encomendará a las mutuas privadas la tarea de agilizar la recuperación de los trabajadores. ¿Cómo lo han hecho hasta ahora? Habitualmente presionando con altas unilaterales que permitirán a las empresas jugar con las amenazas de sanción y despidos a costa de la salud de los trabajadores. Esto, además, en un momento en el que tanto la siniestralidad como la mortalidad en el trabajo está incrementándose año tras año desde la pandemia.
También se recoge el compromiso de fomentar la discontinuidad laboral favoreciendo el papel de las ETTs en su labor para precarizar las relaciones laborales. Dan así carta blanca a uno de los aspectos más controvertidos de la reciente Reforma Laboral que daba mayor poder a los agentes precarizadores, las ETTs, en la firma de contratos discontinuos. En este sentido, también se propone la ampliación de los contratos temporales por circunstancias de la producción -limitados actualmente a 6 meses- para permitir al empresario usarlos hasta un año, así como medidas para fomentar la parcialidad en función de sus propias necesidades a costa de las de sus empleados. Este tipo de medidas son un duro golpe a los sectores más precarizados que trabajan por campañas, como puede ser el telemarketing, el comercio y la hotelería o servicios de atención y cuidados, sometidos a la intermitencia laboral, la plena disponibilidad por parte del empresario de sus tiempos y la asunción de horas extraordinarias pagadas de forma precaria o incluso no pagadas.
Por último, no podemos dejar pasar la apuesta de estos sindicatos por los planes de pensiones privados en este acuerdo, extendiendo de esa forma las renuncias que imponen a la clase trabajadora también a aquellos que llegan a una merecida y bien ganada jubilación.
Este pacto no puede presentarse como una rendición, pues para tal categoría habría hecho falta presentar algún tipo de batalla. Algo que no ha sucedido nada más que en la verborrea declarativa de las cúpulas sindicales que han ido firmando convenios con enormes pérdidas de poder adquisitivo para las trabajadoras.
Esta renuncia asumida para los trabajadores ahonda en la espiral de pérdida de derechos que se produce en onda larga desde la década de 1980 y en onda corta desde la concatenación de crisis capitalistas desde 2008, donde los sindicatos del régimen han asumido por completo el marco del enemigo, su incapacidad de transformación y solo se mueven, como un pez en una pecera, en las fronteras impuestas por el empresariado. La ausencia de horizontes de transformación y la consolidación como meros gestores de la derrota se traduce en dolorosas renuncias para la gente que trabaja.
Si la modernización de las relaciones laborales pasa por la pérdida de derechos, la plena disponibilidad de la vida de las personas a los arbitrios de la empresa y la pérdida de salarios es normal que la clase trabajadora pierda la confianza en las organizaciones que tradicionalmente debían representar sus intereses. La afiliación sindical no ha dejado de descender y, aunque la comparativa es compleja a nivel mundial, España se encuentra en la mitad baja de la tabla en cuanto al porcentaje de trabajadores que están inscritos en una organización sindical.
La posición combativa no es una retórica de competencia entre organizaciones, ni una exclamación para darnos golpes en el pecho, ni siquiera un fin en sí. Es la única herramienta por la cual los más, trabajadoras y trabajadores, podemos organizarnos para equilibrar un poco la balanza en una lucha por conquistar mejores condiciones de vida frente al poder cada vez mayor del capital y los privilegiados.
Las organizaciones estamos para salvar colectivamente lo que ninguna persona puede arriesgar de manera individual. Los sindicatos del régimen llevan décadas pactando las derrotas, ya tan siquiera están ejerciendo la función de trinchera de defensa, no se puede asumir que se firmen acuerdos en nombre de la clase trabajadora que debe pagar esta de su propio bolsillo.
[1] Desde el inicio de la pandemia la renta de los hogares españoles ha caído un 7,85% a pesar de que el conjunto de la OCDE muestra una mejora del 1,87%.
